de junio de 2022
La pobreza obstaculiza el goce de derechos económicos, a la salud, educación, alimentación y laborales, coincidieron especialistas nacionales e internacionales durante la inauguración del X Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional “La Protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México y en la experiencia comparada”, realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Ibero).
A lo largo de tres días de trabajo se reunirán 83 especialistas de naciones como Alemania, Argentina, Colombia, España, Ecuador y México, que en 14 mesas temáticas analizarán la manera en que se protegen los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) tanto en México como en otras regiones latinoamericanas y europeas.
El objetivo de los esfuerzos conjuntos de universidades nacionales e internacionales, organizaciones sociales y órganos autónomos mexicanos y extranjeros, es dedicar este Congreso al análisis de una temática apremiante como lo es la protección de los DESCA.
En el aula Magna San Ignacio de Loyola, Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), aseguró que el constitucionalismo debe ser visto a través de una ventana internacional que ayude a vislumbrar las constituciones latinoamericanas.
Mencionó que la Carta Magna se debe estudiar desde un ámbito local, a fin de ampliar los derechos que son reconocidos para toda la población, como sucede con la de la Ciudad de México, ubicada como una de las constituciones más avanzadas en las entidades federativas.
Guerrero García expresó que el evento representa una “fiesta constitucional”, donde se podrá vislumbrar, a través de diferentes paneles, cómo materializar los DESCA que se encuentran dentro de la Constitución y en los tratados internacionales.
Luis Arriaga Valenzuela, Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, explicó que en el país el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se empiezan a dar pasos a una mejor garantía jurisdiccional de los derechos sociales “La protección de los DESCA constituye una reflexión obligada para enfrentar las enormes brechas de desigualdad y exclusión”, enfatizó.
Remarcó que las condiciones de pobreza que experimenta la población se manifiestan en importantes obstáculos para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. En México, dada la arraigada desigualdad estructural que se proyecta de forma nociva en la estructura social, “tenemos que seguir mirando con atención los desarrollos en el marco legal internacional de los derechos humanos”.
Arriaga Valenzuela reconoció que el juicio de amparo sigue sin ser una herramienta próxima a las mayorías empobrecidas; “no debe de extrañarnos que en esta población exista una cierta desafección hacia la protección de los derechos sociales, que las instituciones jurídicas prometen. Actualmente, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional aumentó 2 puntos porcentuales, pasó de 41.9 a 43.9 por ciento, mientras que el porcentaje de población en pobreza extrema pasó de 7 a 8.5 por ciento”.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Presidente del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, aseguró que sin la protección efectiva de los derechos sociales y sin garantías no puede haber una constitución real “No se puede tener el goce de los derechos civiles y políticos sin la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en México. Existe un marco constitucional que obliga a todas la autoridades a tomar de forma seria las protección dichos derechos sociales”
Afirmó que la pandemia por Covid-19 sacó a flote las grandes desigualdades sociales y que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como consecuencia de la crisis sanitaria y social prolongada por el Sars Cov 2, la tasa de pobreza extrema en América Latina había aumentado de 13.1 de la población a 13.8 de 2020 a 2021, lo que provocó un retroceso de 27 años en los DESCA, eso significa que el número de personas en pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones en la región en solo un año.
A la inauguración del X Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional “La Protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México y en la experiencia comparada”, asistieron también, Soledad García Muñoz, relatora especial sobre DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Mariela Morales Antoniazzi, referentin para América Latina del Max Planck Institute for Comparative Public Law and Internacional Law; Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como autoridades de la Universidad Iberoamericana, estudiantes y organismos autónomos.