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En este Módulo IV se abordó el tema: Enfoque Regional Latinoamericano, en el que la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez resaltó que el Acuerdo de Escazú tiene la finalidad de hacer frente a las problemáticas ambientales, a través del derecho de acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia, así como el fortalecimiento de las capacidades y cooperación en esta asignatura.
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Expuso que de acuerdo con datos de Global Witness, lamentablemente México es el país más peligroso del mundo para la defensa ambiental, al registrar el asesinato de 54 activistas en 2021, “cifra dramática que nos exige acción a todos los sectores de la sociedad, pero en especial a la autoridad y, en ese sentido, me parece que los instrumentos que proporciona el Acuerdo de Escazú pueden ser de gran utilidad para frenar esta terrible debacle.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) participó en el “II Conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú, Enfoque Internacional, Regional y Nacional” en el que participó la Comisionada Ciudadana, Laura Lizette Enríquez Rodríguez.
Este Foro internacional es organizado por el Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el INFO CDMX, con el respaldo de Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado (C.I.D.C.E.).
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; si bien el documento está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, con lo que se alcanzó el número de países para concluir el proceso que permite su entrada en vigor.
En este Modulo IV se abordó el tema: Enfoque Regional Latinoamericano, en el que la Comisionada Enríquez Rodríguez resaltó que el Acuerdo de Escazú tiene la finalidad de hacer frente a las problemáticas ambientales, a través del derecho de acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia, así como el fortalecimiento de las capacidades y cooperación en esta asignatura; con un objetivo clarísimo, que es: “contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Destacó que, el documento, conformado por 26 artículos, representa en sí mismo un gran avance, al poner en los Estados que lo suscriben una herramienta de avanzada en la promoción y protección de derechos humanos que tienen relación directa con una problemática fundamental que hoy, en pleno siglo XXI, es imposible ignorar: la ambiental.
Sin embargo -dijo-, son todavía varios los retos para hacer frente por parte de los Estados miembros hacia la plena puesta en marcha de todos los principios que en él se contemplan.
La Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, destacó que la implementación del Acuerdo en México suscribió el documento el 27 de septiembre de 2018, hace ya poco más de cuatro años y de acuerdo con los procedimientos internos que regulan la celebración de tratados y acuerdos internacionales, el Senado de la República ratificó el Acuerdo el 5 de noviembre de 2020.
Explicó que, en enero del año pasado, se entregó dicha ratificación al Secretario General de la ONU, entrando en vigor a partir del 22 de abril de 2021, en el marco del Día Internacional de la Tierra.
“De ahí que los principios del Acuerdo ya hayan sido retomados en sentencias emitidas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país”, aseveró la Comisionada.
Al referirse a los retos que se tienen para formalizar diversos elementos contemplados en el Acuerdo resaltó la urgencia de presentar y discutir propuestas de reformas legislativas para la implementación plena de dicha normatividad internacional en México.
En cuanto al derecho de acceso a la información, Enríquez Rodríguez enfatizó que el Acuerdo contempla en su artículo 5, la garantía del derecho del público de acceder a la información ambiental y facilitar el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, atendiendo a diversos elementos garantistas y, desde luego, de acuerdo con la legislación aplicable para cada país.
Asimismo -añadió la Comisionada-, pienso en la relevancia de impulsar estrategias y políticas transversales con todas las instituciones públicas a las que toquen temas ambientales para garantizar el mayor cumplimiento de las obligaciones en este tema, incorporando principios de Estado abierto, y poniendo énfasis en la proactividad por parte de las instituciones públicas para dar a conocer información expedita, actualizada y en formatos accesibles y editables, con proyectos de transparencia proactiva.
Durante su participación expuso que otro elemento importante a considerar es la socialización del derecho de acceso a la información. “De poco sirve contar con instrumentos jurídicos tan sólidos y específicos como el que hoy nos convoca, si la población en primer lugar no conoce estos derechos y, en segundo, no conoce los mecanismos para ejercerlos”, enfatizó.
Expuso que de acuerdo con datos de Global Witness, lamentablemente México es el país más peligroso del mundo para la defensa ambiental, al registrar el asesinato de 54 activistas en 2021, “cifra dramática que nos exige acción a todos los sectores de la sociedad, pero en especial a la autoridad y, en ese sentido, me parece que los instrumentos que proporciona el Acuerdo de Escazú pueden ser de gran utilidad para frenar esta terrible debacle, al ser un instrumento que permite que activistas, periodistas y sociedad en general, puedan hacer efectivos diversos derechos relacionados con la materia ambiental”.
Finalmente, agregó que hay varios retos por enfrentar y pero con voluntad por parte de todas las autoridades involucradas, y con el empuje decidido de la sociedad civil y de sectores como el de activistas y la academia, e incluso de la iniciativa privada, será posible llevar a cabo la realización plena de los principios de este documento.
Durante el evento, que se realizó de manera virtual, participaron diversos especialistas en de América Latina y el Caribe, así como de otros partes del mundo