13 de febrero de 2023
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La Comisionada Ciudadana Maria del Carmen Nava Polina destacó que la defensoría es un elemento esencial en un estado democrático ya que ayuda a garantizar la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de derechos humanos.
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Garantizar la información sobre personas defensoras públicas, con el debido tratamiento de datos personales, es indispensable para hacer más accesible el sistema judicial. Sin acceso a la justicia no podemos hablar de justicia abierta: Nava Polina.
Durante la quinta sesión ordinaria, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) instruyó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX (CEJUR) a proporcionar información sobre personas asesoras y defensoras públicas que presten sus servicios en dicha dependencia.
Al exponer el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.6663/2022, la Comisionada Ciudadana, María del Carmen Nava Polina, detalló que una persona solicitó el directorio completo de personas asesoras y defensoras públicas que ofrecen sus servicios en la CEJUR.
El sujeto obligado, informó que no contaba con personas asesoras y que las defensoras públicas, al ser personal de apoyo técnico operativo, no tienen asignado un número de teléfono, extensión ni correo electrónico institucional. Asimismo, proporcionó un enlace para acceder a la información sobre nombre, puesto, adscripción y remuneración de las personas servidoras públicas adscritas.
Inconforme con la respuesta, la persona interpuso recurso de revisión ante el INFO CDMX que recayó en la Ponencia de la Comisionada Nava Polina, argumentando que la CEJUR proporcionó información incompleta.
Al analizar el caso, la Ponencia de la Comisionada identificó que el agravio resultó fundado pues en el directorio proporcionado por la Consejería no se localizó la información solicitada sobre las personas defensoras públicas.
Nava Polina explicó que, además, se detectó que la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud a la Dirección de Defensoría Pública que, en este caso, resulta competente para responder de acuerdo con sus atribuciones y funciones.
Dijo que el interés por exponer este recurso deriva de la importancia que tienen las personas defensoras públicas para garantizar el acceso a la justicia y su importancia en un sistema democrático.
Las defensorías -destacó-, son órganos que otorgan defensa en materia penal en cualquier actuación ministerial o judicial, y patrocinio en materia civil, familiar y mercantil, así como el servicio de asesoría jurídica gratuita a quien lo requiera.
Añadió que, a partir de la reforma constitucional de 2008 en materia penal, se mandató a las entidades de la República para que se reformaran las defensorías públicas, conocida anteriormente como “defensoría de oficio”, a fin de que pudieran proporcionar un servicio de defensa pública de calidad, universal y gratuito.
“El papel que juegan las personas defensoras públicas es muy importante porque ayudan a proteger los derechos y libertades individuales de las personas, especialmente las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y no tienen acceso a un abogado privado”, aseveró la Comisionada.
Señaló que las cifras sobre el número de personas defensoras públicas, así como las estadísticas de impunidad y procuración de justicia, nos muestran los grandes retos que tenemos por delante en esta materia.
Puso como ejemplo que, en la capital, de acuerdo con datos de la propia Consejería Jurídica, apenas se cuentan con 469 personas defensoras en materia penal para atender casi 100 mil casos que se registraron entre 2020 y 2021, solo por dar un dato.
Por otro lado, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian y de ellos solo 14% se resuelven, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento. Y casi la mitad de las personas que están en la cárcel llevan años recluidas en espera de sentencia.
La Comisionada Ciudadana sostuvo que, a pesar de que en el índice de Estado de Derecho la capital del país logró obtener evaluaciones por arriba del promedio de las entidades, las calificaciones más bajas se tuvieron en los factores de justicia civil y penal.
Puntualizó que la defensoría es un elemento esencial en un estado democrático ya que ayuda a garantizar la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de derechos humanos.
Por ello -dijo-, garantizar la información sobre personas defensoras públicas, con el debido tratamiento de datos personales, es indispensable para hacer más accesible el sistema judicial. Sin acceso a la justicia no podemos hablar de justicia abierta.
Por lo anterior, propuso al Pleno modificar la respuesta de la CEJUR para que turne la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y entreguen la información de interés en un máximo de 10 días hábiles.