de junio de 2022
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Los datos abiertos -sean de materia de salud o de cualquier temática- deben ser accesibles, integrables, gratuitos, inclusivos, oportunos, permanentes, primarios y de libre uso. Ponerlos a disposición pública es fundamental para diseñar política pública, especialmente, focalizada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad: María del Carmen Nava Polina.
El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) ordenó a la Secretaría de Salud entreguen estadísticas desagregadas sobre población indígena de la capital del país.
Durante la vigésima tercera sesión ordinaria, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina realizó un posicionamiento respecto al recurso de revisión alfanumérico INFOCDMX/RR.IP.2373/2022, presentado en contra de la Secretaría de Salud.
En su exposición, explicó que la persona solicitante requirió diversos datos estadísticos sobre consultas externas dirigidas a grupos indígenas, rangos de edad y sexo; índices de masa corporal, peso, talla, si presentan alguna discapacidad, sus principales causas de atención; así como información focalizada en la atención de niños y mujeres embarazadas de dicha población en situación de vulnerabilidad.
En su respuesta, la Secretaría de Salud señaló no contar con la información en el grado de desagregación requerida, limitándose a entregar tres tablas de donde se observa únicamente, el número total de consultas otorgadas a personas indígenas durante los años 2017 a 2022.
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente se quejó de haber recibido información incompleta e interpuso un recurso de revisión ante el INFO CDMX.
Al explicar su posicionamiento, la Comisionada Nava Polina dijo que según datos del Censo 2020 del INEGI, en la Ciudad de México hay 125 mil 153 personas mayores de tres años de edad que hablan alguna lengua indígena. Las lenguas más comunes son náhuatl, mazateco, mixteco y otomí.
Explicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, a nivel nacional 24% de la población indígena de 12 y más años (2.4 millones de personas) declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años, en la mitad de estos casos fue por la negación de atención médica o entrega de medicamentos.
Asimismo, refirió que la Secretaría de Salud cuenta con atribuciones para: ejecutar políticas públicas en materia de salud así como para generar expedientes clínicos que sirven para la obtención de estadísticas para la integración y desarrollo del Sistema Nacional de Salud.
Del análisis realizado -dijo la Comisionada-, se concluyó que del estudio y análisis realizado por su ponencia se concluyó que la respuesta es incompleta con relación a lo solicitado, dado que la Secretaría de Salud se limitó a proporcionar el número total de consultas otorgadas a grupos indígenas durante cierto periodo; por lo tanto incumplió con la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en los archivos de sus unidades administrativas competentes.
Por ello, la Comisionada Nava Polina, propuso al Pleno sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta de la Secretaría de Salud para que turne la solicitud a sus unidades administrativas competentes, en especial a su Dirección General de Diseño, Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial y a su Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, para que previa búsqueda exhaustiva, emitan una nueva respuesta fundada y motivada respecto a los datos estadísticos requeridos.
“Los datos abiertos -sean de materia de salud o de cualquier temática- deben ser accesibles, integrables, gratuitos, inclusivos, oportunos, permanentes, primarios y de libre uso. Ponerlos a disposición pública es fundamental para diseñar política pública, especialmente, focalizada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Los datos abiertos nos permiten diagnosticar problemas y pueden hacer la diferencia para contribuir a garantizar derechos y servicios a las comunidades”, puntualizó.