Imaginemos por un momento que estamos en un país donde la estabilidad económica depende, entre otros factores, de la confianza en el sistema judicial. Ahora, imaginemos que ese mismo país decide que los jueces, magistrados y ministros del máximo tribunal deben ser elegidos por voto popular. En teoría, suena a una idea digna de una democracia robusta. Pero en la práctica, podría ser tan útil para la estabilidad económica como intentar construir un rascacielos sobre arena movediza.

La propuesta de elegir a los encargados de impartir justicia en México a través de las urnas es, por decirlo suavemente, una jugada arriesgada. Los inversionistas, aquellos seres calculadores que determinan el flujo de capital en el país, no son grandes fanáticos de la incertidumbre. Y nada genera más inseguridad que la idea de que los intérpretes de la ley puedan ser seleccionados con el mismo entusiasmo con que se elige a un alcalde, gobernador o algún participante de “reality show”.

¿Jueces de Moda o Jueces de Ley?

En un entorno donde el crecimiento económico ya muestra señales de fatiga, agregarle un nuevo ingrediente a la receta de la inestabilidad podría acentuar la ralentización. No es un secreto que los mercados financieros y las inversiones dependen en gran medida de un entorno predecible. Un poder judicial independiente y técnico ha sido, hasta ahora, un ancla de certidumbre en un mar de variables económicas. Cambiar esta fórmula por una donde los jueces necesiten hacer campaña, persuadir a votantes y, peor aún, hacer promesas, es como invitar a un chef sin experiencia a preparar un “soufflé” en medio de un terremoto. La probabilidad de que algo salga mal es abrumadoramente alta.

La Economía y los Populismos Judiciales

Pero no se trata solo de incertidumbre. Existe un riesgo real de que los jueces, ahora convertidos en figuras políticas, comiencen a actuar en función de las presiones electorales, en lugar de los principios legales. Y cuando los jueces empiezan a ser populares por las razones equivocadas, los inversionistas comienzan a buscar la salida más cercana.

La independencia judicial es un pilar crucial para la inversión extranjera directa. Los inversionistas internacionales necesitan saber que sus disputas serán resueltas de manera justa y objetiva, sin la sombra de intereses políticos o electorales. Con un sistema judicial basado en la popularidad, el riesgo de que las decisiones judiciales sean influenciadas por las tendencias del momento se incrementa. Y cuando las leyes comienzan a interpretarse con base en encuestas de opinión en lugar de principios jurídicos.

El Temido Efecto Domino

La ralentización económica que estamos viendo no es solo una consecuencia de factores internos, sino también del contexto global. Si a esto le sumamos la posibilidad de una reforma judicial que introduce un nivel adicional de riesgo, es como añadir gasolina a un incendio controlado. Lo que era un crecimiento modesto pero estable podría convertirse en una retracción abrupta si los inversionistas deciden que el riesgo ya no vale la pena.

Y es que los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, no solo miran la situación actual; también proyectan escenarios futuros. La idea de que el sistema judicial mexicano podría estar sujeto a los vaivenes de la opinión pública hace que esos futuros parezcan mucho menos atractivos. En lugar de apostar por el crecimiento en un país con un marco legal confiable, los capitales podrían optar por trasladarse a economías donde las reglas del juego son claras y estables, sin la necesidad de complacer a un electorado.

Un Futuro Incierto

Es comprensible que la propuesta de elegir a los jueces por voto popular pueda parecer, a primera vista, un avance democrático. Pero cuando se examina más de cerca, se convierte en un riesgo considerable que podría tener repercusiones negativas en la economía mexicana. Las reformas que se plantean no solo afectan la justicia, sino también la percepción que el mundo tiene de nuestra economía.

Es crucial recordar que la estabilidad jurídica es un activo invaluable para cualquier país que aspire a crecer y desarrollarse en un entorno global competitivo. Convertir el sistema judicial en un espectáculo de popularidad podría parecer una buena idea para aquellos que ven la política como un juego, pero para quienes ven en México un destino para su capital, podría ser la señal que estaban esperando para llevar su dinero a otro lugar.

Al final del día, la lección es clara: cuando se trata de justicia y economía, la estabilidad es la clave. Y cualquier reforma que amenace con convertir al sistema judicial en un circo electoral debe ser evaluada con cautela. Los riesgos son reales, y el costo de ignorarlos podría ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar.