El presidente Joe Biden anunció este viernes nuevas sanciones a “algunos de los abusadores más atroces de los derechos humanos en Irán”, al cumplirse el aniversario luctuoso de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió estando en manos de la policía de la moral.
Amini había sido detenida presuntamente por usar el hiyab demasiado suelto, violando la ley que obliga a las mujeres a llevar el velo islámico en público. Murió tres días después estando detenida.
Su muerte dio lugar a protestas en decenas de ciudades de todo el país de 80 millones de habitantes, en las que mujeres jóvenes marcharon por las calles sin velo y se cortaban el pelo. El gobierno lanzó una fuerte represión y atribuyó las protestas a la injerencia extranjera.
Amini sigue siendo un símbolo poderoso en las protestas que le han significado uno de los retos más graves a la República Islámica desde 2009, cuando el Movimiento Verde atrajo a millones de personas a las calles.
Biden dijo el viernes que Estados Unidos ratifica su “compromiso con el valiente pueblo de Irán, que sigue adelante con la misión” de Amini. “Inspiran al mundo con su resistencia y determinación. Y juntamente con nuestros aliados y socios estamos con ellos”, aseguró.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro publicó una lista de 29 personas y organizaciones en relación con la muerte de Amini, la que incluye miembros de las fuerzas de seguridad y el jefe de la Organización de Prisiones. También sancionó a las agencias noticiosas semioficiales Fars y Tasnim, que se consideran próximas a la fuerza paramilitar Guardia Revolucionaria, y Press TV, la televisora estatal en inglés.
La agencia noticiosa semioficial ISNA publicó que el canciller Hossein Amirabdollahian calificó desdeñosamente a las sanciones como un chiste.
“Las sanciones que los estadounidenses imponen a Irán en estos días parecen más bien un chiste. A veces vemos que se mencionan en estas listas los nombres de algunas personas que murieron hace años”, afirmó Amirabdollahian.
Tasnim agregó que las sanciones son “medidas repetitivas (que) no son consideradas novedades por los organismos que protegen la seguridad del país”.