Dos meses después de la crisis de confianza entre las distintas entidades responsables de la investigación del caso Ayotzinapa y las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, el martes pasado se realizó un nuevo encuentro de los padres, sus abogados, dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Fue, a decir de algunos participantes, una reunión “constructiva” para todas las partes.
Uno de los aspectos de distensión es el hecho de que el Estado mexicano, a través de Encinas, quien preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la extensión del plazo para la misión del GIEI (que ya sólo cuenta con dos integrantes, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin). El plazo debía concluir este mes. La comisión inició consultas para que el trabajo siga todo enero. A petición de las familias, el funcionario pide se prorrogue hasta marzo.
La salida definitiva de los expertos internacionales, cuando aún está lejos el esclarecimiento y la justicia de los hechos, pesaba sobre el ánimo de las víctimas y sus defensores como el riesgo “de un vacío” y la posibilidad de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador concluyera con “una justicia a medias”.
Esta reunión del nuevo responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, no fue como la anterior de fines de octubre. Al colectivo de padres les preocupa que, a diferencia del fiscal especial anterior, Omar Gómez (dejó el cargo el 26 de septiembre), el nuevo titular, recomendado directamente por el Presidente, no tiene conocimiento profundo del complejo caso ni experiencia en el litigio de crímenes de alto impacto.
En un principio no se había mostrado abierto a la posibilidad de revertir el desistimiento de órdenes de captura contra 83 presuntos responsables de la detención, desaparición y encubrimiento de los hechos, entre ellos 21 militares. Su respuesta, contraria a la opinión del GIEI y los defensores, es que “no había pruebas suficientes”.
Condiciones para avanzar
Este martes, las madres y padres que tomaron la palabra expresaron duras críticas e insistieron en el cumplimiento de varias condiciones indispensables para el avance de la investigación: la entrega íntegra de los documentos militares, que hasta ahora se les han negado, pese a la orden presidencial de “apertura total”, la reactivación y ejecución de las órdenes de captura anuladas, la entrega por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de los teléfonos que tiene en su poder y las transcripciones originales y completas de las conversaciones por mensajería digital entre miembros de Guerreros Unidos, policías de distintas corporaciones y militares sobre el destino y paradero de los jóvenes.
Para dar validez jurídica a los pantallazos revelados por Encinas, es necesario que la FGR entregue los aparatos que tiene en su poder y las capturas originales de las conversaciones por WhatsApp que presuntamente sostuvieron oficiales de las instalaciones militares en Guerrero con policías e integrantes de la organización criminal la noche de los hechos y hasta varios días después. Después de un primer análisis pericial, el GIEI los descartó como “no fiables” e improcedentes como pruebas en un juicio.
Para acreditar su veracidad, insiste la defensa, el juez de distrito de procesos penales de Toluca, Enrique Beltrán, debe ordenar a la FGR que entregue los teléfonos que tiene en su poder y las transcripciones completas y originales de esas conversaciones a fin de someterlas a un análisis pericial forense. También es necesario que se tome declaración a la persona que los entregó, la fuente original de esa evidencia. Hasta ahora sólo se ha hecho contacto con un intermediario.
Se necesita afinar los protocolos y procedimientos para testigos protegidos y de quienes quieran acogerse al “criterio de oportunidad”. La ventaja de contar con esos testimonios, enfatizan los defensores, es mayúscula, ya que son quienes pueden indicar hacia dónde dirigir los esfuerzos de búsqueda de los 43 jóvenes.
Ese mismo juez fue quien en septiembre emitió las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por el ex fiscal Gómez Trejo y que días después las retiró por petición de la propia FGR. Fue una de las causas que llevaron a la renuncia del titular de la unidad y de los agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación. Eso ocasionó una crisis cercana a la ruptura y llevó a dos expertos del GIEI a retirarse como protesta de lo que llamaron “intromisión indebida” de los representantes de la fiscalía, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox. Desde que asumió el cargo hasta la fecha, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, no se ha reunido con los familiares de las víctimas.
Pruebas suficientes para proceder los arrestos
Otra condición para avanzar, insistió el colectivo de padres y defensores, es reactivar las órdenes de aprehensión anuladas. Para el GIEI y conforme al contenido de las carpetas que elaboró el anterior fiscal (y que fueron confiscadas por la FGR) hay pruebas más que suficientes para proceder.
Hasta ahora sólo hay cuatro militares detenidos: comandante del batallón –en ese momento coronel y hoy general– José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mora Esquivel. Los tres cuentan con un equipo de al menos 10 abogados, algunos de ellos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y todos están amparados.
Entre los beneficiarios de las revocaciones hay militares y civiles que en investigaciones anteriores aparecen con distintos grados de responsabilidad en el encubrimiento y en escenarios del crimen.
Por ejemplo, el teniente Joel Gálvez, del 41 Batallón de Infantería, fue ubicado en distintas escenas esa noche, y el comandante del 41 Batallón de Infantería, coronel Rafael Hernández Nieto, a quien reportan en tiempo real los dos órganos de búsqueda de información –soldados infiltrados en Ayotzinapa–.
Entre los civiles con responsabilidad está el exprocurador estatal Iñaki Blanco. Bajo su mando se “extraviaron” los videos del Palacio de Justicia esa noche. También el juez de barandillas de Iguala, Ulises Bernabé, quien recibió a los normalistas que le fueron llevados por la policía municipal tras su detención y de ahí los desaparecieron.