Los ex directores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Florencia Serranía, Jorge Gaviño y Joel Ortega, así como el ex subdirector de Mantenimiento Óscar Díaz González y el actual secretario de Obras, Jesús Esteva, deberán comparecer ante el Ministerio Público por el colapso de la línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021, que dejó saldo de 26 muertos y 103 heridos.
El juez de control de la segunda sala de la Unidad de Gestión número 7 de la Ciudad de México instruyó a la Fiscalía General de Justicia girar los citatorios, a fin de ampliar el espectro de los hechos ocurridos en el intertramo de las estaciones Olivos-Tezonco.
Se trata de que, con base en la información que poseen, respondan a un interrogatorio sobre la construcción, operación y mantenimiento de la llamada línea dorada, y encontrar o descartar posibles responsabilidades penales.
La comparecencia de Serranía, actual investigadora del Conacyt, y de los otros ex funcionarios y funcionarios del gobierno capitalino, “permitirá demostrar ante los mexicanos su relación con los hechos y su grado de culpabilidad o inocencia”, afirmó la defensa de las víctimas.
El abogado Teófilo Benítez consideró que se trata de “un momento histórico, pues se conocerá la versión de quienes tuvieron en sus manos las vidas de miles de usuarios que viajaban en el tren” la noche del 3 de mayo del año pasado.
Una situación de “descuido, corrupción, omisión y encubrimiento provocó una de las peores tragedias en la historia reciente de la Ciudad de México, pero tras 14 meses se logró que la autoridad judicial obligara al Ministerio Público a ampliar la investigación”, dijo.
Ni cabos sueltos ni paliativos
Con ello, destacó, se busca un proceso en el que “no quede suelto ningún aspecto y que no sólo se resuelva con paliativos como la reparación económica; es un paso importante en la búsqueda para el acceso a la justicia y a la verdad de los hechos”.
A 14 meses de la tragedia, denunció, “ni siquiera se ha logrado imputar al encargado del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y a sus subordinados, menos aún a Serranía y otros ex funcionarios, que no han rendido declaración de lo que tuvieron conocimiento”.
Marisol Tapia, mamá del niño Brandon, quien murió aplastado, sostuvo que la posibilidad de que los funcionarios y ex funcionarios comparezcan ante la autoridad judicial “es un hecho que no debe permitir encubrimiento o corrupción”.
Consideró que “esto nos permitirá saber si la caída del tren fue por problemas de diseño y construcción, por falta de mantenimiento o por ambos, aunque no nos regresará a nuestros familiares, pero habrá justicia y verdad”.