El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta, acumula cinco años cometiendo crímenes de lesa humanidad para silenciar a la oposición, concluyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al exigir sanciones contra los culpables; hecho que organizaciones en el país ven como un signo positivo.
Al enlistar abusos como ejecuciones extrajudiciales (50), arrestos arbitrarios, retiro de la nacionalidad, tortura y más, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua precisó que desde 2018 el sandinista —quien lleva 16 años consecutivos en el gobierno— convirtió al Estado en un instrumento para “perseguir y criminalizar” a críticos, por los que miles temen represalias del poder.
Luego de que este régimen arrebatara la nacionalidad a 200 opositores, a quienes envió a Estados Unidos, los especialistas liderados por Jan Simon corroboraron que éste implementó un plan de destrucción y desmantelamiento democrático para “eliminar, por distintas vías, cualquier tipo de oposición”, lo que recuerda los arrestos de aspirantes a la presidencia durante 2021.
Según el análisis que se hará oficial el próximo 6 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos, se identificó “la instrumentalización del derecho penal y del sistema de justicia para perseguir, imputar y acusar” a supuestos enemigos, hecho que afectó a políticos, Organizaciones No Gubernamentales —pues clausuró 3,144— , defensores de los derechos humanos, periodistas, medios de comunicación, líderes estudiantiles y religiosos, lo que provocó el exilio de 260 mil ciudadanos para no convertirse en presos políticos, por lo que la mayoría de periódicos independientes y organizaciones radican ahora en el exterior.
Simon expuso en conferencia desde Ginebra un patrón de persecución, proceso por el que órganos sometidos bajo el mando de Ortega, como la Policía Nacional y los poderes Legislativos, Judicial y Electoral, reprimieron a la población y cometieron tortura física y psicológica, incluida la violencia sexual, detenciones sin órdenes judiciales e interrogatorios, actos denunciados por familiares de las víctimas y organizaciones civiles.
Y pese a que el sandinista bloqueó las investigaciones desde 2018 con cientos de muertos en protestas y les negó el ingreso al país, la experta Ángela Buitrago resaltó que documentaron una gran cantidad de abusos de un Estado “utilizado como arma de persecución”.
Esta situación empeoró este año, coincidieron expertos, pues el mes pasado Ortega expulsó a supuestos “traidores a la patria”, detenidos en la embestida de cara a las últimas elecciones, y ahora les arrebata la nacionalidad y sus bienes en favor del Estado como ocurrió con medios como La Prensa, por atentar contra el país, según versiones oficialistas.
Por ello, urgieron a los gobiernos del mundo a “tomar acción” para acabar con esas violaciones para que el sandinista libere a sus víctimas, emprenda investigaciones a fondo en la materia, actúe contra los responsables, garantice la reparación del daño y evite la repetición de las atrocidades, postura ante la que no hubo respuesta de Ortega o Murillo.
Sin embargo, organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Urnas Abiertas, así como activistas ven en el informe un signo positivo para poner fin a esta crisis; en declaraciones por separado celebraron que la ONU confirme actos que denunciaron hace años, pues representa un respaldo a su lucha. No obstante, admitieron que se requiere una mayor respuesta de la comunidad internacional para que esto ocurra, al apuntar a más sanciones contra la cúpula del poder.
En tanto, víctimas del régimen exhortaron al Parlamento Europeo a elevar la presión contra el mandatario, pues uno de ellos consideró que la excarcelación de decenas de aliados desvela que Daniel Ortega ya no resiste y podría ceder.
Al brindar su testimonio, la exguerrillera Dora María Téllez advirtió a que muchos de los críticos enfrentarán problemas económicos por culpa del “régimen de terror”, al hacer referencia a su destierro en Washington, pero aludió que la respuesta mundial parece funcionar, de lo contrario el sandinista no habría liberado a decenas de opositores, aunque aún hay muchos más presos en el país.