La Fiscalía General de la República informó que el exsecretario de Seguridad Pública federal, durante la administración de Felipe Calderón, Genero García Luna tiene pendientes tres órdenes de aprehensión en nuestro país.
De igual modo, la dependencia detalló que continúan abiertas las investigaciones en contra del exfuncionario de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos.
De acuerdo con la FGR, la primera orden es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa en el denominado caso “Ceferesos”, en cual se le acusa de presuntamente dañar a las finanzas públicas por un monto de 62,840 millones de pesos, debido a la adjudicación directa de contratos a empresas con sobrecosto para la construcción y mantenimiento de ocho penales federales.
El segundo caso es por enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos. Derivado de esta investigación se ordenó el aseguramiento de sus cuentas y tres propiedades que el exfuncionario ha tratado de revertir por medio de amparos.
La última es por introducción ilegal de armamento, en el caso “Rápido y Furioso” operación que tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2,000 armas de fuego, de EU a México, con el supuesto fin de identificar a sus usuarios, “lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible”, dijo la FGR en su momento.
La fiscalía general explicó que de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
Amenaza a periodistas
Por otro lado, la Fiscalía de Nueva York acusó al exfuncionario de haber amenazado y sobornado a periodistas y medios de comunicación que investigaban sus crímenes.
De acuerdo con el documento que se encuentra en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, las autoridades de este país buscan presentar pruebas de que García Luna “sometió” a un comunicador con una campaña, de varios años de hostigamiento y amenazas, “como resultado de la investigación del periodista sobre el imputado”.
De igual manera se precisó que durante el 2009 y 2010 el extitular de seguridad utilizó dinero, obtenido de otros sobornos, para pagar a una organización de noticias y con ello evitar que periodistas de la organización publicaran historias negativas sobre él.
Sin embargo, en el documento no se dio a conocer el nombre de la víctima ni mucho menos el del medio de comunicación.
Por otro lado, también las autoridades de EU pretenden presentar pruebas de que, tras su detención, el imputado mantuvo conversaciones con otras personas, las cuales fueron grabadas por las autoridades a cargo, en las que discutió amenazas de violencia y manipulación de testigos en su contra.