La falta de transparencia en el sistema de justicia, traducido en la negativa de publicitar las sentencias, los procedimientos y las formas de trabajo del poder Judicial, no permiten que la ciudadanía conozca las maneras de acceder a la justicia y genera un clima propicio para la corrupción.
Durante el panel “Desmantelando los pactos de corrupción en el sistema de justicia” del encuentro “Lucha Anticorrupción: Nuevos enfoques para tiempos inciertos”, organizado por Ethos. Laboratorio de Políticas Públicas, Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa detalló que, en materia penal, hay momentos en los que una persona denuncia un delito y el Ministerio Público llega a pedir dinero o favores por el simple hecho de hacer su trabajo.
Aunado a que existen otros momentos de corrupción como la entrega de dinero a policías para evitar una detención, o los sobornos por parte de los abogados que propician un mal trabajo de los jueces.
«La corrupción involucra distintos actores en todos los niveles. La corrupción existe a partir del momento en que hay un intento para influenciar en las decisiones o los actos de ciertos funcionarios o juzgadores”, expresó.
Digitalización
Pantin consideró que, para reducir la corrupción, se debe mejorar la selección de los juzgadores, al tiempo que se debe impulsar el uso de la justicia digital, la cual ayudaría a evitar el contacto entre usuarios y funcionarios cuando no son necesarios, además de que permite hacer mas eficientes los trámites y evita la manipulaciones o alteraciones en los expedientes.
En el mismo sentido, Alejandro González, del World Justice Project, expresó que la digitalización del poder Judicial es un elemento fundamental para reducir los riesgos de corrupción.
Por su parte, Flor Montes de Oca, de Equis Justicia para las Mujeres, sostuvo que entre los focos rojos de corrupción al interior del sistema judicial están los proceso de designación de los titulares de los sistemas, donde muchas veces son procesos obscuros, sin la información o la transparencia que permita conocer el proceso.
“La falta de transparencia genera un clima propicio para la corrupción, en el momento en que no hay publicidad ni de las sentencias ni de los procedimientos ni las formas de trabajo que tiene el poder Judicial o, particularmente, no hay posibilidad de conocer cómo se echan a andar estos mecanismos.
«Y donde no hay una posibilidad real de auditorías y mecanismos de control ciudadano que limiten o sancionen los abusos de poder por parte de este órgano, no se va a poder seguir trabajando en pro de facilitar las cosa para los ciudadanos”, expresó.
Los expertos añadieron que es necesario vincular las agendas de reforma a los sistemas de justicia con la agenda anticorrupción, de una forma directa, decidida y urgente, para centrar los esfuerzos anticorrupción en las áreas que requieren atención inmediata.
Riesgos en compras
En otra mesa del foro organizado por Ethos, expertos en anticorrupción subrayaron que el Covid 19 ha evidenciado la necesidad de que los gobiernos actúen rápida y eficazmente para asegurar el bienestar de la población, pero cuando esto no ocurre en un contexto de transparencia surgen los actos de corrupción.
Al participar en el panel, “Compras públicas: ¿puede el gobierno responder a una emergencia sin desvirtuar la ley?”, Pablo Montes, integrante de Ernst & Young, destacó que el problema no es una adjudicación directa en el contexto de un emergencia, sino que no hay un protocolo adecuado en un país donde constantemente se tienen emergencias naturales, para hacer una compra que permita garantizar rapidez, transparencia y eficiencia.
“No es válido saltarse la ley aun cuando hay un beneficio público, no es facultad de un funcionario decir cuando si aplica la ley y cuando no, el proceso en que se genera la ley es para guiar a los funcionarios en esa labor”, resaltó.
En tanto, Eduardo Bohorquez, de Transparencia Mexicana, expresó que es preocupante como en la emergencia provocada por el coronavirus, las autoridades legalizan muchas de las decisiones a priori, pues a dos años de la pandemia y aun cuando el propio gobierno la ha dado por terminada, se siguen realizando compras en la materia con un alto riesgo de corrupción.
Mientras que Álvaro Quintero, representante del IMSS, considero que en momentos como la pandemia se deben analizar cómo el marco normativo debe adecuarse para atender una emergencia sanitaria.