Con el objetivo de frenar los señalamientos contra su gobierno y contra él mismo por corrupción, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cesó de sus funciones a dos de sus hombres de confianza, a su ahora exsecretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, y a su exjefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, a quienes desde hace más de una semana ya nos se le vio operar en el Palacio de Gobierno y que este martes de manera efectiva se anunció su despido.
Los cambios se dan tres días después de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos determinó que hay elementos suficientes para solicitar al Congreso estatal la formación de causa contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que lo despojaría de su fuero y lo pondría a disposición de autoridades jurisdiccionales.
Con las salidas de Ojeda Cárdenas y Sanz Rivera, el gobernador Cuauhtémoc Blanco busca calmar las aguas que a manera de denuncias contra él y su gobierno siguen presente ante la Fiscalía General de la República por Delincuencia Organizada y otra ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, por triangulaciones financieras millonarias entre cuentas de familiares y amigos.
Fuentes cercanas al gobierno de Morelos señalan que los despidos de los dos funcionarios, ambos muy cercanos al sistema operativo de la administración estatal, obedece a liberar libera de alguna manera señalamientos de corrupción que existen sobre Ojeda Cárdenas y Sanz Rivera, ambos por haber sido investigados y sobre quienes siguen vigentes indagatorias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por operaciones bancarias con líneas sospechosas.
El cese de ambos funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco era un secreto a voces desde mediados de abril pasado, pues entre los pasillos de Palacio de Gobierno era un hecho que rodarían las cabezas de ambos funcionarios, lo que se concretó este 3 de mayo en una ceremonia privada, cuando se comunicó sobre sus salidas y los ingresos de sus sucesores, Samuel Sotelo Salgado como secretario de Gobierno y de Mónica Boggio Tomasaz Merino, como responsable de la Oficina de la Gubernatura.
Asimismo, se anunciaron las llegadas de Gerardo López Huérfano, como encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, y Dulce Marlene Reynoso Santibáñez como Consejera Jurídica.
A pesar de los despidos de Ojeda Cárdenas y Sanz Rivera, señalados por corrupción, aún pesan sobre el gobernador Cuauhtémoc Blanco algunas denuncias, una de ellas de septiembre del 2021 ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, por triangulaciones financieras millonarias entre cuentas de familiares, funcionarios y amigos, lo que podría implicar además de desvíos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La denuncia del 2021 fue presentada por el abogado Enrique Paredes Sotelo, quien presentó como evidencia varias fichas de depósito y transferencias bancarias en los que aparecen movimientos que superan los 500 millones de pesos durante los años en los que Cuauhtémoc Blanco fue presidente municipal de Cuernavaca, y que se suman a montos de lo que va de su actual gobierno estatal.
Asimismo, hay otra denuncia del 2020 ante la UIF y la FGR. Una denuncia más reciente fue presentada en enero de este año ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se le señala al gobernador de tener vínculos con la delincuencia organizada, así como delitos contra la salud.
Esta denuncia fue presentada por Alberto Capella Ibarra, quien fuera su secretario de Seguridad Pública.