El Comité que investiga el asalto al Capitolio en Estados Unidos solicitó imputar hasta cuatro cargos penales contra el expresidente Donald Trump como líder clave de los hechos violentos del 2021.
Tras recabar más de mil testimonios y pruebas como correos electrónicos y videos de la insurrección del 6 de enero del año pasado, el grupo de la Cámara de Representantes —en su mayoría demócrata— determinó de manera unánime (9-0) recomendar al Departamento de Justicia fincar un caso penal.
Para los legisladores, el magnate es culpable de insurrección al promover el mayor golpe a la democracia, conspiración para una declaración falsa, fraude contra el Estado y obstrucción en un procedimiento oficial del Congreso, cargos que también piden imputar a los cómplices de esta “conspiración múltiple”.
Y agregaron que, además de ser una figura clave en los disturbios en los que fallecieron cinco policías y decenas de personas resultaron heridas, el republicano incitó a una turba en su calidad de Ejecutivo federal, pese a las posibles consecuencias de sus actos al poner en riesgo a su vicepresidente Mike Pence, legisladores, asesores y a los manifestantes.
«No entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad me respaldan. Eso me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte…»
Donald Trump, expresidente de EU
A sólo unas semanas de que el magnate se rehusara a rendir declaración ante el grupo encabezado por Bennie Thompson, en la sesión con la que el panel concluye esta investigación, se reveló un informe para sugerir referencias penales por su intento por revertir el resultado electoral ante Joe Biden.
Thompson recalcó que una de las razones por las que optaron por esta medida es mantener “una hoja de ruta hacia la justicia” para garantizar que dichos actos no se repitan, lo que a su vez servirá para sentar un precedente ante uno de los mayores atentados internos. E insistió que a inicios del 2021 Trump “rompió” con la fe del país al actuar sólo por interés personal para permanecer en la Casa Blanca.
Destaca que las audiencias públicas se enfocaron en la conducta del entonces mandatario, para esclarecer si hubo premeditación y cómo respondió ante la situación. Al respecto, la republicana Liz Cheney dijo que la revelación más fuerte en casi dos años fue que Trump siguió la insurrección por televisión desde la Oficina Oval; sin embargo, no intentó evitar el golpe al Capitolio que detonó la evacuación de funcionarios y que decenas se atrincheraran en oficinas para evitar ser atrapados por la turba.
«La Oficina Demócrata de Investigación quiere evitar que me postule para presidente porque saben que ganaré y que todo este asunto de enjuiciarme es como lo fue el juicio político:
un intento partidista de marginarme…»
Donald Trump, expresidente de EU
Según las indagatorias y testimonios, la violencia tras las elecciones del 2020 se orquestó desde un hotel en Washington, sitio que calificaron como centro de operaciones, bajo argumentos de que el republicano fue víctima de un fraude contra su reelección. Además, según el informe, Trump era consciente del peligro, pues sabía que había gente armada en la zona y en vez de calmar a los extremistas ordenó el retiro de medidas de seguridad como arcos para detectar pistolas y otros objetos peligrosos. Incluso, según el relató más llamativo —el de la exasesora Cassidy Hutchinson— demandó al Servicio Secreto acudir al Capitolio ante los enfrentamientos, hecho al que se negó su seguridad, lo que provocó una disputa en la que el aún presidente intentó apoderarse de la unidad, aunque Trump y su círculo cercano desmintieron y descalificaron a la fuente.
En tanto, el demócrata Jamie Raskin resaltó el interés de que los orquestadores paguen por lo del 6 de enero. Y acotó que con estas acciones se refuerza al sistema de justicia, pues no sólo van contra “los soldados de a pie”, en referencia a los insurrectos procesados o a espera de un juicio, sino que buscan llevar a la cárcel a los autores intelectuales y cabecillas al advertir que no tendrán “pase libre”.
Aunque esta medida no es vinculante ni obliga a la Justicia a actuar, según la legislación, si aporta evidencia a la causa que sigue de manera independiente la fiscalía y aumenta la presión al recordar que existen otras investigaciones en su contra como obstrucción y mal manejo de documentos clasificados, fraude y acoso sexual, entre otros.
Y horas después de la recomendación final, Trump respondió y acusó nuevamente una persecución en su contra, al igual que lo ha hecho en otros casos por los que él, su familia y círculo cercano siguen en el radar de las autoridades.
Pese a los intentos por afectarlo políticamente, ironizó sobre la insistencia de fincarle cargos penales al señalar que tales acciones en vez de perjudicarlo lo fortalecen al aseverar, a través de su cuenta de Truth Social, que “lo que no me mata me hace más fuerte”, pues explicó que tales acciones parecen querer impedir su candidatura presidencial rumbo al 2024 al calificar el informe del comité de mayoría demócrata como “un intento partidista de marginarme”.
En otra publicación en la misma plataforma dijo que ya enfrentó un caso similar, pues ya fue procesado por los hechos del 2021 y “gané de manera convincente”, en relación al segundo impeachment que vivió como presidente, y aludió nuevamente a la supuesta persecución, pues en cada nueva acusación contra él, su familia o aliados denuncia una supuesta cacería de brujas desde que dejó su cargo y la Casa Blanca.