El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua denunció el martes una “escalada» de la persecución a la disidencia y la supresión de las instituciones académicas independientes por parte del gobierno de Daniel Ortega.
Un informe del Grupo presentado por su director, el alemán Jan- Michael Simon, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra registró “una nueva ola de violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses”, la cual “ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución”.
Se trata de la última actualización del Grupo que desde marzo de 2022 evalúa la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
El informe denunció que opositores y defensores de derechos humanos “enfrentan severas presiones” para abandonar Nicaragua “a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados”, así como “criminalización continua” y “detenciones arbitrarias”.
También señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia católica, “son cada vez más el blanco de ataques”.
Agregó que “una vez en el extranjero, (los perseguidos por el gobierno) se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación”.
Destacó igualmente que el gobierno “ha intensificado su persecución de las universidades” y ha cancelado la personalidad jurídica de 27 instituciones de educación superior, cuyos bienes ha confiscado. “Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes”, alertó.
Los expertos pidieron al gobierno de Nicaragua que permita el acceso de organismos neutrales e independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros “donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos”.
La actual crisis política en Nicaragua se inició tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados en los meses posteriores a la rebelión.
En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer el Grupo por un período de un año para emprender investigaciones independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde 2018. En abril de este año, durante una sesión del Consejo, se renovó el mandato del Grupo por dos años más.
Los integrantes del Grupo son Simon, la colombiana Ángela Maríaa Buitrago y la uruguaya Ariela Peralta Diestéfano.
Previamente, en la misma sesión, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe de 16 páginas en el cual destacó que la situación en Nicaragua “ha continuado deteriorándose gravemente”.
Indicó que las personas percibidas como opositoras al gobierno son perseguidas y sometidas a diversas “medidas arbitrarias violatorias de sus derechos humanos”, entre las que mencionó condenas sin juicios previos y privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales ilegales.
El informe también se refirió a la situación de las poblaciones indígenas, que “siguen sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos” —agricultores mestizos armados—, lo cual las coloca “bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida».
También cuestionó la eliminación progresiva de las asociaciones independientes —más de 3.500 a la fecha, según opositores—, así como el control de todas las instituciones públicas y la expulsión y el exilio de los principales líderes de la oposición.
“El gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”, agregó el documento, que también expresó preocupación por temas como la violencia de género, el matrimonio infantil, la prohibición total del aborto y la alta tasa de embarazos precoces.
Entre sus recomendaciones la Oficina el Alto Comisionado instó al gobierno de Ortega a “liberar de inmediato” a todos los detenidos arbitrariamente —la oposición registraba 89 presos políticos hasta el pasado 31 de agosto—, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos los nicaragüenses que deseen regresar al país.
Además pidió facilitar documentos de viaje para permitir la salida de todas las personas que quieran abandonar Nicaragua y habilitar “un espacio cívico abierto y pluralista” que garantice las libertades de expresión, reunión y asociación, restituyendo las organizaciones no gubernamentales clausuradas desde 2018.