La organización Transparencia Mexicana (TM) informó que no se puede consultar las declaraciones de conflicto de interés de 70 (82%) de los 85 diputados federales, integrantes de las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales, que avalaron en un inicio la reforma constitucional en materia eléctrica.
Tras el rechazó en el pleno de la Cámara de Diputados de dicha reforma, hecho que el oficialismo ha vinculado con posibles nexos entre los legisladores de oposición —que votaron en contra de la enmienda— con empresas de energía, TM analizó qué legisladores integrantes de las comisiones antes mencionadas habían publicado su declaración de intereses.
Destacó que 29 de los 85 diputados que integran las comisiones no publicaron, como marca la ley, su declaración de intereses.
En otros casos (41 de 85 integrantes de estas dos comisiones), los legisladores aseguraron “que no tenían intereses”.
Prevención
TM advirtió que para confiar en que los legisladores toman las mejores decisiones, los intereses deben declararse y estar, siempre, por encima de la mesa.
Para la organización, prevenir potenciales conflictos de intereses es tarea cada vez más importante en los congresos y pese a que pueden argumentarse descuido, desconocimiento, indolencia o una estrategia deliberada para ocultar intereses, lo que es difícil de creer, dado que en México los formatos son idénticos para las personas servidoras públicas, es que un legislador no tenga intereses privados.
“Todos los legisladores tienen intereses privados que podrían afectar su participación en decisiones legislativas (y no solo su voto)».
«Para confiar en que se están tomando las mejores decisiones públicas, los intereses deben declararse y estar, siempre, por encima de la mesa”, señaló la organización.
Eduardo Bohórquez, director de TM consideró que la discusión reciente —en el marco de la reforma eléctrica— sobre potenciales conflictos de intereses en el trabajo legislativo, ilustra un problema estructural de nuestro Congreso: pese a que la ley ya lo instituye, los legisladores no informan sobre aquellos intereses personales que pueden afectar sus decisiones públicas.
“Si los legisladores no divulgan sus intereses privados, hasta ahora ocultos, es imposible prevenir posibles conflictos de intereses en el Congreso”, advirtió el experto.