Las elecciones para 2023 y 2024 se encuentran en grave riesgo, debido a que el Gobierno federal se empeña destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) y controlar todos los procesos para su beneficio, destacó la directora de Causa en Común, María Elena Morera.
En entrevista con La Razón, detalló que Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su vida ha buscado tomar por la fuerza los caprichos que no le son concedidos porque la pasada marcha en defensa del INE causó su enojo, por ello tomó venganza.
“Sabía que no iba a pasar su reforma electoral, por ello se empecinó en hacer cambios y afectar a quien sea con tal de tener su capricho. Ya lo hemos visto con otras reformas como la de la Guardia Nacional y ahora trata de hacer lo mismo, pues no logró su reforma constitucional”, explicó.
La activista detalló que cualquier reforma debe buscar el consenso de todas las fuerzas políticas, sin embargo, no se hizo con el plan “B” del Ejecutivo, además, que no se toma en cuenta a la oposición para ningún tema. “Lo más lamentable es que ni siquiera leyeron la iniciativa y solo a mano alzada la aprobaron, eso es grave porque solo manifiestan su mayoría”, dijo.
Señaló que si bien no fue tan dañina como a reforma constitucional, sí cambia muchas reglas del juego democrático, lo que es un peligro porque se gestiona un problema en potencia para la democracia. “Dejaron al INE debilitado y eso es un grave riesgo. México se esta definiendo como un país autoritario, ojalá la oposición y la ciudadanía seamos lo suficientemente capaces para evitar que el país se siga destruyendo”, aseveró.
La Razón publicó este jueves que el bloque de contención en el Senado cerró filas para frenar cualquier intento de aprobación fast track del “plan B” de la Reforma Electoral que se aprobó en la Cámara de Diputados.
El politólogo de la UNAM, Francisco Javier Jiménez Ruíz confirmó que sí pueden afectarse las elecciones siguientes, sobre todo las presidenciales, porque se recortan grandes cantidades de recursos, y no se van a sancionar delitos electorales como actos anticipados de campaña.
“El plan B se aprobó en condiciones excepcionales, pues los que la aprobaron ni siquiera tuvieron la oportunidad de leer tantos artículos en tan poco tiempo, es decir, aprobaron modificaciones a la ley que ni siquiera tienen conocimiento. Es lamentable que quieran controlar los procesos”, destacó.
El experto dijo que los beneficiados directos son las “corcholatas”, ya que no hay una figura de actos anticipados de campaña que la Fepade pueda sancionar, por ello, al no poder quitar candidatos, éstos pueden hacer lo que quieran desde estos momentos sin que ninguna autoridad les diga algo o los multe.
Además, se debilita la capacidad de credencialización y por ende, de cobertura al no contar con suficientes recursos.