El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que existe un rezago en materia forense, por lo que hizo un llamado a terminar con la pereza y el celo institucional y a atender la crisis de las personas desaparecidas.
Bajo los reclamos de familiares de personas desaparecidas sobre que la estrategia de seguridad no ha dado frutos, lo cual, aunado a la ineficacia de las fiscalías estatales, han contribuido para que los homicidios y desapariciones se agraven junto a la crisis forense del país, este martes el gobierno federal inauguró la zona donde se ubicará la sede del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
Desde el estado de Morelos, donde se iniciaran los trabajos de adecuaciones del inmueble que ocupara el CNIH, integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, reconocieron los avances para poner en marcha este centro de identificación.
Sin embargo, advirtieron que de nada servirá tener un inmueble de tal magnitud si no se le otorgan recursos o se mantiene la falta de colaboración entre instituciones, principalmente las fiscalías, para general las bases de datos forenses y el banco de ADN que se adeuda desde hace tres años.
Yolanda Morán, representante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, sostuvo que como madre de una de las más 103,000 personas desaparecidas hasta el momento, el Estado tiene la obligación de regresar la identidad a las más de 50,000 personas fallecidas sin identificar.
“Queremos que la crisis forense acabe, la violencia pare y la impunidad desaparezca, sobre todo para todos ustedes que aún no están dañados, nosotros ya tenemos a nuestros hijos desaparecidos, sin embargo, pedir paz y seguridad es por el bien de todos, de ustedes que aún no padecen este dolor. Les recuerdo a toda la sociedad civil, a las autoridades y a todos los que estamos aquí, que no están exentos, ninguno”, lanzó ante el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y demás autoridades.
En este contexto, la activista advirtió que en caso de que las fiscalías locales mantengan su recelo por colaborar con demás entes de gobierno, este Centro “no serán más que elefantes blancos si no hay un presupuesto y, sobre todo, la aportación de las fiscalías respecto a los expedientes”.
Ello al expresar que las fiscalías deben entender que “su obligación es para con las y los mexicanos, deben dejar los intereses, los orgullos y la soberbia; reconozcan que necesitan ayuda, acepten la que la Comisión Nacional de Búsqueda y los Centros de Identificación Humana les ofrecen”.
Asimismo, Yolanda Morán, madre de Dan Jeeremel, un policía federal desaparecido desde 2009 en Torreón Coahuila, también fue clara en acusar que «la estrategia de seguridad no ha dado frutos, la falta de combate a la impunidad impide que cualquier esfuerzo por disminuir o erradicar la violencia funcione… siguen los homicidios y desapariciones que agravan esta crisis forense”.
Por su parte, Edith Pérez, vocera de Voz y Dignidad por los Nuestros, recordó que las autoridades deben tener la capacidad de informar con sensibilidad a las familias que se actuó de manera científica en cada caso, al tiempo que es su obligación dar certeza de que se cumplen con los estándares internacionales, por lo que reclamó: “no más excusas para encontrarlos, no más indiferencia”.
El Economista