La Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó a Interpol México la emisión de la ficha roja, así como la alerta migratoria contra César N, funcionario de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la alcaldía Benito Juárez, y Elvia N, quien fungía como su gestora o enlace sin ser servidora pública, por estar involucrados en la red de corrupción del sector de bienes raíces en la demarcación.
En un mensaje a medios, la vocería de la dependencia informó que se giraron órdenes de aprehensión contra ambos por su probable participación en el ejercicio ilegal del servicio público y extorsión, al pedir dinero a vecinos y empresarios con la finalidad de aprobar permisos de construcción.
Con las denuncias presentadas por los afectados ante el Ministerio Público, “hemos podido conocer la amplia red de vínculos y establecer con mayor precisión el modus operandi con el que funcionarios de la alcaldía posiblemente se aprovechaban de los cargos y su posición dentro de la demarcación”.
Una víctima señaló que se presentó a la ventanilla única de la alcaldía con la intención de realizar una manifestación de construcción a inicios de 2022, pero en julio de ese año, cuando preguntó cómo iba dicho trámite, César N le refirió que no podía efectuarse porque “necesitaba un último acuerdo”.
Para liberarlo, tenía que aportar 82 mil 500 pesos en las oficinas de esa dirección y de esa manera al realizarse la obra no tendría problemas por verificaciones ni de protección civil, pero después tendría que hacer otra aportación más grande porque le faltaban las constancias de seguridad estructural y el visto bueno para los permisos de edificación.
Otra víctima denunció que en 2019 fue notificada por la alcaldía de que para tramitar una manifestación de construcción una persona que dijo llamarse César N y ser empleado de la alcaldía, le había exigido una aportación de 25 mil a 30 mil pesos por cada unidad o departamento a construir.
De igual manera, se le informó que este proceso debía ser llevado a cabo en las oficinas de la Dirección General de Planeación, por lo que en estos actos posiblemente está involucrada Elvia N, quien fungía como gestora o enlace para tramitar dichos documentos.
La Fiscalía agregó que las investigaciones confirmaron la posible participación de ambas personas con el contacto de las víctimas y como presuntos encargados de negociar los recursos económicos para realizar los trámites.
Con la autorización de un juez de control, agentes de la FGJ investigaron y dieron seguimiento al caso, con lo que se constató la forma de operar de los acusados a fin de obtener beneficios económicos a cambio de autorizaciones para obras civiles, en este caso dirigidas a concluir la construcción de oficinas en una de las colonias de la demarcación.
Así se obtuvieron órdenes de cateo y de aprehensión contra esas personas, quienes ya no estaban en sus respectivos domicilios, por lo que se solicitó la emisión de la ficha roja y alerta migratoria a las autoridades federales, así como el apoyo de los ciudadanos para ubicarlos.