El Gobierno de la Ciudad de México impugnó la sentencia del Tribunal Electoral local (TECM) que ordena la entrega de aproximadamente 198 millones de pesos al Instituto Electoral capitalino (IECM).
El recurso de apelación, promovido por Norma Magaña López, subprocuradora de Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios de la Procuraduría Fiscal local, fue presentado el lunes pasado ante la sala regional Ciudad de México para controvertir la resolución de los magistrados; no obstante, el expediente fue remitido ayer a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) por considerarlo un asunto de su competencia.
En tanto, Morena en el Congreso de la Ciudad de México comenzó a trazar la ruta de la defensa jurídica contra la sentencia del TECM.
En entrevista, la coordinadora de la bancada, la diputada Martha Ávila, explicó que la acción se realiza en dos vías: por una parte, un juicio electoral en el que sostendrán que no hay condiciones para devolver los recursos al instituto; y por otra, la presentación de un medio de impugnación por la mesa directiva en la que aduce una violación a la soberanía del Congreso.
En el primer caso, Ávila explicó que el plazo de 15 días hábiles para cumplir la sentencia –que vence el 7 de julio– es insuficiente, ya que es necesario hacer un análisis con la Secretaría de Administración y Finanzas para saber si hay remanentes en lo que va del año; aunado a todo lo que implica el proceso parlamentario, que va desde la presentación de la iniciativa de reforma al decreto de presupuesto 2022, la aprobación en comisiones y posteriormente ante el pleno, además de convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
Invasión de facultades
En segundo término, la mesa directiva, a cargo del diputado, también de Morena, Héctor Díaz Polanco, presentó un medio de impugnación en el que aduce que la resolución viola la soberanía del Congreso local.
“El Tribunal Electoral de la Ciudad de México no tiene ninguna facultad para invadir un acto legislativo del Congreso en ejercicio de la soberanía y de las facultades constitucionales. El tribunal, desde nuestro punto de vista, está invadiendo nuestra competencia porque dice que no fundó ni motivó específicamente la asignación del presupuesto del instituto, pero no hay sustento y es contraria al principio de legalidad.
“La justificación del presupuesto siempre se hace de manera genérica, pues es imposible dedicar un apartado específico para la actividad de cada área; no existe una ley que exija tal cosa”, dijo Ávila, quien insistió en que el Poder Legislativo no desatendió ninguna norma en la aprobación del presupuesto.
Agregó que la ley de austeridad y gasto eficiente se tiene que aplicar a toda la administración pública local, por lo que el IECM, pese a que es un órgano autónomo, no está exento de su aplicación. Incluso puso como ejemplo al propio Congreso, cuyo gasto se ha recortado desde 2018, tan sólo este año la disminución fue de 8 por ciento con respecto al del año pasado.