El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova sostuvo que ante las violaciones por parte de servidores públicos a la ley electoral, en el marco de la consulta de revocación de mandato, podría estar en riesgo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine anular resultados este ejercicio democrático.
Ello es porque el INE remitirá a los magistrados su diagnóstico del proceso, y todas las irregularidades detectadas por el organismo.
«El INE tendrá que informar a la Sala Superior para que proceda a dictaminar y emitir la notificación a los poderes. Esto significa juzgar el conjunto de sucesos que han ocurrido. Presentaremos a sala superior un diagnóstico de todas las irregularidades que se han venido cometiendo. Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, retirada, dolosa y descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia que se decida anular este proceso, ojalá no ocurra porque significaría la peor sanción a un proceso democrático», dijo el consejero Córdova.
En una conferencia, se criticó a los funcionarios que generaron 172 quejas, eso fue superior las elecciones federales de 2021 cuando hubo un promedio de 29 mensuales, a diferencia de esta consulta que fue de 34.
Jaime Rivera afirmó que esas actuaciones ensombrecen el ejercicio democrático.
«Si hay hechos preocupantes incluso diría ominosos sobre la revocación de mandato. Hay restricciones legales a partidos y funcionarios que no han sido determinadas por el INE si no que están puestas por la ley, ensombreciendo, viciando en donde se debe desenvolver un proceso de participación ciudadana. Estas conductas infractoras son desafiantes y reiteradas. Y tal como algunos actores a veces con descaro, son desafíos abiertos a la ley y constitución, no al INE, el INE está haciendo lo que le corresponde».
Las evidencias de la violación de la ley deberán generar consecuencias para evitar volver a «conductas abusivas y vergonzosas».
Y las serie de críticas al INE por parte de diversos funcionarios, no les inmuta.
«Aquí no hay intimidados, nos quieren intimidar» respondió Córdova quien reconoció que ha habido amenazas cotidianas contra consejeros del INE. Córdova explicó que sobre las denuncias de violaciones, corresponde a la Sala Especializada del Tepjf la que determinará las sanciones, aunque en el caso de las que se refieren al uso de recursos públicos, sería ámbito de la Comisión de Fiscalización que deberá confirmar la Sala Superior, pero en su caso podría derivar en delitos penales que competerá a la Fiscalía en Delitos Electorales.
El consejero UucKib Espadas dijo «cuando la legalidad se rompe desde el poder, no estamos hablando del derecho popular a la sublevación , sino un abuso de las capacidades institucionales (…) Se puede esperar un mínimo de auto contención del poder para no pasar por encima de la ley pero Cuando para una corriente política violar la ley se vuelve un emblema de compromiso con la causa , como sociedad estamos en aprietos».
La consejera Claudia Zavala calificó como muy preocupante que ha habido una «violacion contumaz» de la ley pese a las medidas cautelares que ha dictado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE han sido confirmadas por el TEPJF.
No obstante, consideró que están las condiciones para la participación ciudadana.
Ciro Murayama, uno de los críticos del gobierno federal, resaltó que este proceso ha sido enmarcado por la violación sistemática de la ley, por parte de gobiernos.
«Hemos vivido un proceso donde las reglas constitucionales de no intervención gubernamental se ha violado de manera sistemática y contumaz. Es un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de reglas. Intervención indebida. Se está fracturando desde el poder el consenso democrático plasmado en la constitución, la no intervención sigue estando en la constitución pero el gobierno pretende que sea papel mojado».
Sobre la instalación de casillas inferiores a consecuencia del «estrangulamiento presupuestal» al INE.