Jueza nombrada por Trump le ‘da una mano’: accede a incluir a experto externo en caso vs. FBI

Un juez federal accedió a la solicitud del expresidente Donald Trump de que una tercera parte neutral revise los documentos incautados en su casa de Florida.

Además, prohibió temporalmente que el Gobierno de Estados Unidos use los documentos para desarrollar su investigación criminal sobre el exmandatario.

Aileen Cannon, jueza de distrito y quien fue nombrada por Trump, señaló en el fallo que un llamado ‘maestro especial’ revisaría la propiedad incautada; administrará las afirmaciones de privilegio y hará recomendaciones al respecto, y evaluará los reclamos para la devolución de la propiedad.

Los detalles exactos y la mecánica de este proceso de revisión se decidirán después de que ambas partes presenten sus propuestas.

Cannon aclaró que el Gobierno de EU podrá continuar accediendo a los documentos, muchos de ellos con las marcas de clasificación más altas de la nación, con el propósito limitado de evaluar los riesgos de seguridad de la nación por el almacenamiento del material en Mar-a-Lago.

Trump “en última instancia, puede no tener derecho a la devolución de gran parte de la propiedad incautada o a prevalecer sobre sus reclamos anticipados de privilegio. Esa consulta queda para otro día”, escribió Cannon. “Por ahora, las circunstancias que rodean la incautación en este caso y la necesidad asociada de garantías procesales adecuadas son lo suficientemente convincentes como para que al menos el demandante pase las puertas del juzgado”.

El juez dio a ambas partes hasta el 9 de septiembre para proponer candidatos ‘maestros especiales’.

Los abogados del republicano habían pedido el nombramiento de un especialista externo a fin de garantizar una inspección independiente de los documentos.

Este tipo de revisión, agregan, permitiría que “información altamente personal”, como la contenida en bitácoras o cuadernos, se separe de la investigación y se devuelva a Trump, junto con cualquier otro registro que pueda estar protegido por reclamos del privilegio abogado-cliente o por el privilegio del poder ejecutivo, de acuerdo con AP.

El Financiero