El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró que irá detrás de quienes financiaron los actos terroristas del fin de semana, pues la justicia los perseguirá hasta que prevalezca la democracia, mientras suman mil 500 detenidos.
Respaldado por los 27 gobernadores y varios líderes del mundo, aseveró que su gestión no descansará hasta castigar a quienes invadieron y facilitaron el asalto contra la sede de Planalto, el Congreso y el Tribunal Superior.
Horas después de que el magistrado Alexandre de Moraes —rival del expresidente Jair Bolsonaro— ordenara el retiro de los campamentos bolsonaristas, Lula se reunió con líderes del país para evaluar la respuesta nacional ante los hechos que compararon con el asalto al Capitolio en Estados Unidos en el 2020, país en el que se refugia su antecesor.
Aunque sostuvo que jamás será autoritario, descartó tibieza con los fascistas que desafiaron a Brasil, según medios locales, pues no permitirá que un escenario similar se repita, luego de que él y los presidentes del Congreso y del Tribunal ratificaron que prevalecerá la unidad y llamaron a la población “a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia” para recuperar la normalidad.
El izquierdista insistió que se sigue el rastro de los detenidos, los que estuvieron en los campamentos previo al ataque, entre ellos familiares del ultraderechista, y el dinero usado, pues reiteró que un movimiento así no dura tanto sin apoyo económico.
Pero admitió que no descarta que simpatizantes de Bolsonaro fueran manipulados para vulnerar al nuevo gobierno, y se adelantó que ya identificaron a un grupo que pagó por este asalto.
Asimismo, agradeció la solidaridad para trabajar en conjunto y dejar atrás la división, que actos como el del pasado 8 de enero sólo ahondan esas diferencias a más de dos meses de las elecciones en las que derrotó al de extrema derecha, hecho que no comparten los opositores, pues aunque la mayoría admitió la barbaridad de este asalto, un sector acusó que entre los invasores también hubo infiltrados de izquierda.
En tanto, las autoridades no quitan la mira de las Fuerzas Armadas por la presunta colaboración para que los llamados terroristas irrumpieran, pues en menos de 24 horas la cifra de insurrectos capturados casi se cuadruplicó al pasar de 400 a mil 500, según una actualización del ministro de Comunicación del gobierno, Paulo Pimenta, sin que hasta el momento se especifiquen los cargos que se imputarán en su contra y mientras que la Cámara de Diputados aprobó la intervención federal en seguridad, al tiempo que sigue el recuento de daños por los destrozos en las tres instituciones, pues los vándalos destrozaron obras de arte valiosas e inmobiliario, durante la invasión en la que los vándalos insultaron a los poderes al dejar un rastro de sangre, orina y hasta heces fecales, mismas que el gobierno recuperó y analiza para identificar a los fascistas que están en contra del gobierno actual.
Pero las acciones de la nueva gestión no terminan ahí, pues van dos destituciones por presunta complicidad. El Tribunal confirmó el cese por hasta 90 días del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y la remoción del embajador en Estados Unidos, Néstor José Forster, ambos bolsonaristas.
El primero de ellos se defendió de la decisión, pero dijo que acatará la medida con la confianza de que la situación “se aclarará”, pues explicó que todas sus acciones fueron encaminadas a evitar mayores desmanes y de pronunció en contra del “barbarismo”, pero las autoridades ya lo investigan.
Por separado, la Cancillería decretó la salida del diplomático aliado de Bolsonaro al retirarle sus credenciales, hecho que se publicó en el Diario Oficial de la Unión; sin entrar en detalles sobre el cese, se estima que en breve se nomine al sucesor para no romper relaciones con el gobierno de Joe Biden, quien durante su gira por México se comunicó vía telefónica con su homólogo brasileño, para externarle su apoyo “inquebrantable” luego de reiterar su disposición a fortalecer la democracia. Incluso lo invitó a viajar el próximo mes a Washington.
Además, en la reunión trilateral de México, Estados Unidos y Canadá los tres gobiernos repudiaron los ataques que pretendían obstaculizar la transición pacífica. “Apoyamos a la República Federativa de Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas. Nuestros gobiernos apoyan la libre voluntad de las personas de Brasil”, externaron en un comunicado.
HOSPITALIZAN A BOLSONARO
Tras el atentado a la nación, el exmandatario fue internado en Florida por molestias abdominales, mismas que el año pasado lo llevaron dos veces a urgencias.
A más de cinco años de ser apuñalado en campaña, el ultranacionalista sufrió nuevos problemas estomacales que lo tuvieron bajo observación más de 10 horas, pues casi al cierre de esta edición se reportó su alta médica, sin detallar si requiere o no una cirugía.
Los hechos ocurrieron poco después de que se deslindara del asalto a los máximas instituciones del país y el propio Bolsonaro compartió una foto desde la cama del hospital para agradecer a quienes le dedicaron sus oraciones.