Las medidas extremas en la gestión de “El Loco” Javier Milei al frente del Ejecutivo en Argentina comienzan a desatar la polémica. Este viernes anunció su respaldo al protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Un protocolo que prohíbe cortes de calles durante manifestaciones, y que tiene como principal objetivo mantener el «respeto por la ley» y evitar inconvenientes para la población.
La medida anunciada este jueves establece que las fuerzas federales, incluyendo Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, no permitirán bloqueos de vías públicas ni interrupciones a empresas como forma de protesta social o sindical.
«Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país para que la gente viva en paz», aseveró Bullrich, al presentar el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, que resumió así: «Si se toma la calle, va a haber consecuencias».
Críticas de la izquierda
Aunque el Gobierno sostiene que el protocolo busca garantizar el orden público y evitar afectaciones a los trabajadores, ha generado críticas y controversias, especialmente por parte de partidos y movimientos sociales de izquierda. Consideran que estas medidas son «ilegales» y «anticonstitucionales».
Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia, enfatizó que el protocolo es de jurisdicción en ámbitos federales, instando a otras jurisdicciones a adherirse. Entre las medidas anunciadas se incluyen sanciones para quienes organicen o participen en cortes, registro de organizaciones involucradas, prohibición de rostros tapados en marchas y notificación a la Dirección de Migraciones sobre participantes extranjeros.
Adorni declaró: «No está en debate el cumplimiento de la ley. La gente quiere vivir en paz, en orden y que se respete la ley en todos los ámbitos, en lo que hace referencia a la libre circulación». Estas palabras reflejan la postura del Gobierno de Milei, que busca mantener la tranquilidad social y la movilidad sin obstáculos.
La ministra Bullrich, al presentar el protocolo, resaltó que estas medidas se aplicarán con el objetivo de evitar situaciones caóticas: «Si se toma la calle, va a haber consecuencias». Entre las consecuencias anunciadas se incluyen sanciones económicas para las organizaciones convocantes, así como el pago de los costos relacionados con el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Según la consultora Diagnóstico Político, durante 2023 se registraron 7,769 cortes de calles, casi 1,000 menos que en 2022. Estas cifras proporcionan un contexto sobre la frecuencia de este tipo de manifestaciones en el país.
En medio de estas tensiones, Argentina enfrenta un escenario económico y social delicado, con cerca del 45% de la población viviendo en condiciones de pobreza. El Gobierno, en un intento por estabilizar la situación, ha implementado medidas de ajuste en un contexto de inflación del 160.9% interanual.