Pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos en el mundo para enfrentar la opacidad y la corrupción, su implementación ha fracasado, principalmente porque no se ha empleado con eficacia por los poderes públicos y, como secuela, no ha logrado mitigar las muy diversas manifestaciones de la captura de los puestos y los presupuestos públicos.
El informe sobre “El combate a la Corrupción en México, Informe País, 2020”, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, documenta que debido al despecho mostrado por los servidores públicos, y entes del gobierno, al diseño y las normas con las que cuenta México, el combate a la corrupción ha fracasado.
El informe, sustentado con 47 bases de datos con más de 970,000 registros y un conjunto de estadísticas resumidas en 120 tablas, realizadas a través de 1,007 solicitudes de información y entrevistas con servidores públicos, advierte que la “procrastinación, la simulación y la burocratización”, han obstaculizado el cumplimiento de las instituciones en combate a la corrupción.
El documento menciona que en el Estado tampoco se ha logrado garantizar la máxima publicidad de las decisiones tomadas por los sujetos obligados, no ha logrado sancionar con eficacia a quienes han cometido faltas o delitos de corrupción y no ha cumplido a cabalidad con sus cometidos.
Sistema Anticorrupción
El documento señala que pese a la vigencia de la ley que regula la coordinación entre las dependencias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se logró evidenciar que en 2020 estos entes no cumplieron con sus mandatos constitucionales y legales a cabalidad.
Se expuso que la Política Nacional Anticorrupción promulgada por el SNA fue un documento de referencia que no sólo tardó un tiempo excesivo en aprobarse, sino que no tuvo aplicación práctica y dado el conjunto de desviaciones observadas, además de que la implementación del SNA no correspondió con los fines que se plasmaron en su diseño original, reproduciendo la fragmentación de esfuerzos entre las instituciones que lo conforman.
“No articularon un sistema de intercambio de información y de experiencias ni concertaron políticas articuladas y coherentes para erradicar las causas de la corrupción más allá de sus propias órbitas de competencia”, indica.
Además de que esas instituciones no cumplieron a cabalidad todos sus cometidos, tampoco existe evidencia suficiente para probar que, actuando como Comité Coordinador de un sistema articulado, esas instituciones hayan privilegiado modificar las causas y no sólo observar y castigar las consecuencias de la corrupción.