Perú declaró emergencia nacional en todo el país durante los próximos días, en medio de la violencia y protestas masivas de quienes exigen la liberación del presidente depuesto Pedro Castillo.
Horas después de que medios adelantaran que ya se analizaban esa estrategia, el ministro de Defensa andino, Alberto Otálora, confirmó la declaratoria de Estado de emergencia tras un encuentro con el Consejo de Ministros de la presidenta Dina Boluarte.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario precisó que el objetivo es retomar “el orden la continuidad de las actividades económicas y la protección de las familias”, al reconocer que la situación es más crítica y ya se extendió a otros territorios no sólo en Andahuaylas y Arequipa, entre otras, en donde se registraron los hechos más violentos con la muerte de seis manifestantes, pues los llamados a reducir las movilizaciones y la contención policial no es suficiente para apagar los reclamos masivos.
En sesión del Consejo de Ministros se acordó la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. Con esta medida buscamos garantizar el orden, la continuidad de actividades económicas y la protección de millones de familias.
— Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) December 14, 2022
La extensión de esta emergencia en medio de una de las peores crisis políticas en la región andina se da después de que las Fuerzas Armadas tomaran el control vial y de aeropuertos tras los actos violentos y bloqueos de quienes exigen inmediatas elecciones generales, la restitución del poder a Castillo Terrones y hasta la renuncia de la nueva mandataria.
Asimismo, Otálora agregó que continuarán lo diálogos en busca de acuerdos para liberar zonas afectadas.
Además, esta declaratoria se da horas después de que un juez extendiera el plazo de detención preliminar contra el responsable del fallido golpe de Estado en Perú, pues horas antes de que concluyera el arresto de siete días se impuso un plazo de 48 horas más como parte del proceso de la Fiscalía en su contra, sector que solicitó hasta 18 meses de prisión contra el señalado de corrupción, rebelión y conspiración.