Perú exhortó al Gobierno de México a detener la insistente intromisión a dos semanas de la aprehensión del presidente depuesto Pedro Castillo, hecho que ya provocó la expulsión de su embajador Pablo Monroy Conesa.
“Hacemos un llamado para que el señor (Andrés Manuel) López (Obrador) pare de referirse a Perú”, instó el primer ministro andino, Alberto Otárola, a unas horas de rendir protesta como nuevo líder del gabinete de Dina Boluarte, al ser ascendido del Ministerio de Defensa al Consejo de Ministros para sustituir al exfiscal sacrificado Pedro Angulo y así calmar la violencia.
Y aunque el funcionario aseveró, igual que AMLO, que no hay motivo para romper relaciones, sentenció que no dejarán que personas ajenas a la situación nacional interfieran en una crisis que, explicó, se ha ido aminorando, luego de que esta mañana el mandatario cuestionara nuevamente la detención y situación jurídica del exlíder izquierdista.
Por lo que, Otárola lanzó al supuesto aliado: “No vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el Gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en asuntos internos”, en referencia a la crisis entre protestas, bloqueos carreteros y toma de aeropuertos, mismos que van a la baja y por lo que intentan reforzar la reactivación económica para dar la vuelta a esta administración.
Agregó que confía en que este diferendo mengüe, pero pone de nuevo la mira en la relación entre ambos gobiernos, al rechazar una supuesta persecución política contra la familia del expresidente acusado de rebelión y conspiración y demandó a su socio latinoamericano respetar el derecho internacional.
Hecho por el que indicó que la Cancillería peruana toma cartas en el asunto, pues un país con el que tienen vínculos históricos no debería tener una postura tan contraria y de injerencia. Diferendo que ocurre luego de que la esposa de Castillo y sus dos hijos llegaran a la Ciudad de México en calidad de asilados, a unos días de que la canciller Ana Gervasi citó a cuentas a su enviado en México para evaluar esta situación.
Además, el ajuste de Otárola en el gabinete no fue el único, pues al saber que tiene frente a sí un gobierno de 16 meses —periodo similar al que duró Castillo Terrones en el poder tras su captura—, pues las próximas elecciones serán hasta abril del 2024, según el Congreso andino, Boluarte movió sus fichas a dos semanas de asumir el cargo, mientras en el país ya suman 28 muertos, según reportes de legisladores, aunque la Defensoría del Pueblo sólo contabiliza 21.
En este nuevo esquema —que recuerda a los constantes cambios de Castillo Terrones y señalamientos por falta de capacidad— queda como encargado de las Fuerzas Armadas Jorge Luis Chávez Cresta para mantener la tranquilidad luego de intensas movilizaciones con lo que apunta a reforzar la estrategia de seguridad. Además el general del Ejército andino tiene experiencia en el cargo, pues ya lideró al sector en el gobierno de Martín Vizcarra, y cuenta con estudios en materia de seguridad y políticas de defensa.
Asimismo, la sucesora de Castillo sumó a nuevos titulares en el Interior, Educación y Cultura, con el expolicía Víctor Rojas Herrera, Oscar Becerra y Leslie Urteaga, respectivamente.
Y cuando intentan darle la vuelta de las movilizaciones y la crisis nacional, la Fiscalía confirmó que abrió una investigación contra dos generales relacionados con las muertes registradas en Ayacucho, por las protestas que iniciaron el pasado 7 de diciembre.
El diario La República reveló que los mandos Antero Mejía y Jesús Vera se encuentran en el radar de las autoridades como presuntos responsables de la represión contra manifestantes y por la que algunas víctimas fallecieron tras recibir impactos de bala; de acuerdo con la evidencia recuperada por autoridades los efectivos bajo el mando de estos generales implicados accionaron sus fusiles de largo alcance para dispersar a quienes exigen la liberación de Pedro Castillo.