Congresistas estadounidenses presentaron este martes un proyecto de ley «para desarmar a los cárteles» de la droga controlando el tráfico de armas a México, uno de los temas que crea tensiones con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En cada reunión de alto nivel entre los dos países México se queja de que solo tiene una armería en todo el país pero cada año registra casi 30.000 muertes por armas de fuego y se trafican más de medio millón de armas de fabricación estadounidense.
Además el rastreo de al menos el 70% de las armas de fuego recuperadas de escenas de crímenes en México lleva a Estados Unidos como origen.
Para combatir el problema, once congresistas demócratas piden al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que aumente «la colaboración interinstitucional para identificar, atacar, desarticular y desmantelar organizaciones criminales transnacionales responsables de exportar armas de fuego y municiones de Estados Unidos a México».
También le piden una mayor coordinación con las agencias mexicanas y que presente informes anuales sobre el tema.
Las autoridades de ambos países sostienen que las organizaciones delictivas que operan en México compran armas de fuego y munición a minoristas radicados en Estados Unidos o las intercambian por drogas como el fentanilo, un opiáceo que causa estragos en Estados Unidos.
«Durante años, las armas estadounidenses han alimentado la violencia, la inestabilidad y la migración forzada» en América Latina y el Caribe, afirmó en un comunicado el congresista demócrata Joaquín Castro.
«Estados Unidos puede -y debe- hacer más para impedir que las armas que fabricamos lleguen a manos de organizaciones criminales que introducen de contrabando fentanilo y otras drogas mortales en Estados Unidos», añadió.
Su colega Mike Thompson coincide, en el mismo comunicado, en que la lucha contra la delincuencia en la frontera con México implica «hacer frente a la exportación de armas estadounidenses».
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden afirma haber tomado medidas contra este flagelo.
México interpuso, por su parte, en 2021 una demanda civil contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de «comercio negligente e ilícito».