Los sistemas de justicia penal y civil, esos mecanismos que constituyen un aspecto esencial para reparar agravios, registraron un deterioro en 24 estados del país durante el último año.
Además, el apego al Estado de Derecho, ese principio de gobernanza en el que todas las personas, entidades e instituciones cumplen la ley de forma equitativa, justa, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, permanece como uno de los grandes retos a superar por todas las entidades federativas.
Así lo deja ver el índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, de la organización World Justice Project (WJP), que este año destaca que ningún estado alcanzó un puntaje superior a .5 -en una escala de 0 a 1.0- en su adhesión a este principio.
De acuerdo con el reporte, los estados que estuvieron más cerca de esta cifra fueron Querétaro, con .49; Yucatán, con .47, y Guanajuato, con .46.
En la evaluación, destaca que Colima, de Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla registraron un deterioro en los sistemas de justicia tanto penal como civil.
En tanto, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco presentaron caídas respecto al sistema de justicia penal; mientras que Chiapas, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, en el sistema de justicia civil.
Otro factor que evalúa el Índice son los límites al poder gubernamental, el cual se vio debilitado en 17 entidades: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas
«Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal”, se explica.