México ha tenido avances y retrocesos en lo que va de este siglo en tres condiciones que de cumplirse simultánea y armónicamente, impulsarían el desarrollo y la calidad de la gobernanza del país.

Me refiero a un gobierno fuerte, al que la sociedad le pueda exigir que rinda cuentas, y que preste servicios que contribuyan eficazmente al crecimiento económico sin excluir medidas que sirvan al bienestar social.

Ni el PRI, ni el PAN se lo propusieron y Morena no acaba de lograrlo.

En sus mejores años, los del desarrollo estabilizador con crecimiento acelerado –entre 1950 y mediados de la década de 1970–, los gobiernos de entonces fueron política y funcionalmente fuertes, desarrollaron buenos servicios públicos, (el IMSS de entonces era una institución internacionalmente ejemplar) y la educación pública era de muy buen nivel, pero no se les podía exigir que rindieran cuentas de sus actos.

Gobernaron sin graves contratiempos -como los que había en otros países de América Latina- ejerciendo un control político e ideológico blando sobre la población, el cual se basaba en un discurso justiciero en nombre de la Revolución mexicana y sobre todo, en un acelerado crecimiento de empleos que alentaban expectativas positivas de movilidad social.

El déficit del periodo fue el democrático, tanto político como económico; el control de la población abarcaba restricciones a libertades como la de prensa y de organización, y el meollo de la democracia, que son los mecanismos por los que la población puede exigirle a funcionarios y legisladores que rindan cuentas de sus acciones, era inimaginable.

En democracia económica, no se intentó siquiera seguir políticas laborales o fiscales que favorecieran una distribución del ingreso equitativa; si durante esos años mejoró la calidad de vida de las familias de trabajadores, fue debido a las oportunidades de empleo que ofrecía un acelerado crecimiento de a riqueza.

Los gobiernos de Echeverría y López Portillo (1970-1982) fueron sorprendidos por la crisis internacional y, en vez de emprender una reforma fiscal, dejaron la hacienda pública en ruinas.

La década siguiente, la de 1980, fue de crisis de deuda externa, de déficits fiscales, volatilidad cambiaria e inflación, no sólo en México.

En ello tuvo que ver que desde agosto de 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon desvinculó al dólar del oro, lo que desarticuló lo que había sido el orden económico mundial desde 1945.

Subieron los precios del petróleo, surgieron los petrodólares y las crisis de endeudamiento de países en todos los continentes.

Para solventar su endeudamiento, Latinoamérica asumió, no sin presiones foráneas, el «Consenso de Washington», instrumento del neoliberalismo que llevó a una severa austeridad para abatir el déficit fiscal y cubrir el servicio de la deuda externa.

Conforme al mismo “consenso”, se privatizaron empresas públicas, se eliminaron regulaciones a las inversiones privadas, se abandonaron políticas proteccionistas y se dejó a industrias nacionales expuestas ante el comercio global; la mercantilización también alcanzó a la salud y la educación al bajar la calidad de la atención del sector público a esos servicios.

La consecuencia general fue que el Estado mexicano perdió presencia institucional, recursos y capacidades como rector del desarrollo; perdió, recursos cruciales al perder soberanía en materia financiera, energética, alimentaria; la autodeterminación científica y tecnológica fue inexistente.

El crecimiento del PIB y de los empleos perdió dinamismo y se paralizó la movilidad social que daba expectativas a un empleado modesto u obrero de que sus hijos tenían oportunidades de alcanzar un estatus socioeconómico superior.

Las desigualdades se agudizaron, la pobreza se extendió, impulsando la desconfianza y la violencia.

Ante la desigualdad social y regional histórica al que se ha llegado en las primeras décadas de este siglo, la redistribución de ingresos es indispensable, pero también es crucial una agenda que impulse el crecimiento y genere buenos empleos y capacidad productiva.

No, en escasos ocho años la 4T no ha conseguido superar la acción presente del pasado y haber fortalecido todo lo necesario la capacidad administrativa, funcional y normativa del Estado para hacer compatibles el fomento al crecimiento económico con la elevación del bienestar social.

En cuanto a las libertades democráticas, aunque no han sufrido menoscabo por parte de los gobiernos de Morena –el crimen organizado es la verdadera amenaza a su ejercicio en varias entidades–, tampoco se han fortalecido. Ni el PRI, ni el PAN, como tampoco Morena han configurado mecanismos eficientes por los que la sociedad pudiera exigirle a los funcionarios y legisladores que rindan cuentas de sus acciones, materia sustantiva de la democracia política.

De lo que puede congratularse Morena y el país, es de que a pesar de una férrea oposición desde Washington e interna, siga adelante un proyecto de desarrollo progresista que ya ha sacado a 15 millones de personas de la pobreza, logro conseguido por medio de aumentos reales al salario mínimo y complementariamente, mediante programas sociales.

El desafío por delante es acompasar la redistribución del ingreso con el crecimiento económico, logro que pocos gobiernos progresistas han conseguido; el de Lula en Brasil es excepcional. Lo dificultan en México la incertidumbre que provoca un ambiente político polarizado, las tensas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y la inseguridad pública.

Antes que todos esos motivos reales –que por cierto, no detienen las inversiones de las corporaciones transnacionales y nacionales–, hay que considerar la incertidumbre en la obtención de ganancias que representa nuestro mercado interno, al estar abierto al “libre” comercio con 55 países. Tal apertura le resta atractivo a la expansión de capacidades productivas de las grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales. Habrá que revisar tal enorme apertura comercial.